La Clínica Jurídica del Centro de Estudios Garrigues, a petición de la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha elaborado un Informe, que examina los derechos de los pacientes con discapacidad, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En el Informe, dirigido por Mercedes de Prada -Directora Académica del Centro de Estudios Garrigues-, y coordinado por los alumni, Celia Herrero y José María Trabada, han participado los alumnos: Pablo Gallego, Juan Guillermo González, Manuel Insa, Isabel Praena, Jorge Ruiz de Angulo, Paula Silveira, Patricia Soto.

Aunque la Ley 8/2021 supuso un importante cambio de paradigma en la legislación española, todavía existen diferentes normas que limitan la autonomía de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Este Informe estudia la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, con el objetivo de sugerir mejoras técnicas de actualización y de redacción y de introducir determinados ajustes técnicos que fomenten la autonomía de las personas con discapacidad

En este contexto, el Informe destaca que los puntos que quedarían pendientes de adaptar son: la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, la definición, formato y medidas de apoyo adecuadas respecto al consentimiento informado. Del mismo modo, se pone de manifiesto que toda la información y documentación de la que se haga entrega a los pacientes con discapacidad se elabore y se distribuya en un formato adecuado a sus circunstancias personales de forma accesible y comprensible. Los médicos deberán ser los responsables de que la información se transmite de forma correcta. Asimismo, los apoyos necesarios en la accesibilidad de las personas con discapacidad, en instalaciones, información y comunicación, como en tratamientos, programas y servicios, se consideran un derecho de las personas con discapacidad.

Debemos destacar que la Ley 41/2002 recoge un importante reto: que gran parte del desarrollo normativo relacionado con las personas con discapacidad se lleve a cabo por las Comunidades Autónomas.

Acceso al Informe en: https://www.fderechoydiscapacidad.es/